La tragedia del incendio en Barracas

La Masonería Argentina expresa su profunda consternación por el fallecimiento de los servidores públicos que ofrendaron sus vidas en el incendio ocurrido ayer en el barrio porteño de Barracas.

 

La trama social se desarrolla y consolida en tanto miles y miles de mujeres y varones, ciudadanos anónimos, experimentan el deseo íntimo de realizar  acciones destinadas al prójimo. En el caso de los servidores públicos, esa inquietud se expresa como vocación que preside todos y cada uno de los momentos de sus vidas.

 

Esos bomberos,  policías federales y metropolitanos y agentes de la Defensa Civil expresan la solidaridad en un sentido íntimo y profundo, uno de los valores centrales del ideario masónico.

 

La masonería Argentina se pone a disposición de los familiares y amigos de las víctimas, los acompaña en su inmenso dolor.

Calma y reflexión

 La Tolerancia, una de las enseñanzas básicas de la masonería, reclama calma y reflexión.

 

Pasados algunos días desde los acontecimientos que vivió la ciudadanía en dieciocho provincias de nuestro país, la Masonería Argentina expresa su preocupación por los sucesos acaecidos y estupor ante la cantidad de víctimas fatales, personas físicamente y emocionalmente heridas, casas y comercios saqueados, bienes destruidos que, en todos los casos, alteraron la paz social,  licuaron la convivencia y pusieron en entredicho la autoridad del Estado como construcción de todos para todos. 

En más de una oportunidad hemos advertido la necesidad de tender una mesa de acuerdo y conciliación para que el gobierno y los partidos políticos individualicen los temas de Estado esenciales y acuerden las soluciones que puedan y sepan elaborar en conjunto. 

Es imprescindible que se recomponga el tejido social, se eviten fragmentaciones de todo tipo y acusaciones recíprocas que solo sirven para enrarecer el tenso clima social de este tiempo. 

Hay un millón de jóvenes argentinos que no trabajan ni estudian, la droga acecha, la inflación es como un piso de arenas movedizas sobre el cual no es posible una construcción que sobrepase la mera coyuntura. 

Los argentinos debemos construir nuestro futuro con estricto acatamiento al orden y funcionamiento de las instituciones. El inminente lapso veraniego puede ser utilizado para descomprimir las pasiones y para avanzar en ideas y soluciones. Los consensos son ahora más imprescindibles que nunca. 

La Masonería Argentina respalda la silenciosa tarea que desarrollaron sus logias del interior del país en la ayuda y socorro de tantos conciudadanos afectados por las amargas y dolorosas horas vividas. Se pone a disposición para aportar ideas y hombres a una mesa de entendimiento en la que, según su tradicional método de trabajo, primero identifica las coincidencias para tratar después cada disenso en particular. Este sistema rige desde el nacimiento de la masonería especulativa en 1717, se aplicó con éxito en diversas etapas de la historia argentina, en especial cuando hombres de diferentes ideas coincidieron en la Organización Nacional. En el siglo XX se aplicó, por ejemplo, a la organización de La Hora del Pueblo que abrió un camino de institucionalización en 1970. 

Si se extiende el horizonte, las fuerzas políticas, económicas y sociales encontrarán un cauce diferente, la sociedad argentina se podrá organizar de una manera más virtuosa, ajena a las tensiones, a la violencia y a los enfrentamientos entre hermanos argentinos.

La Ley sobre responsabilidad del Estado

La Masonería Argentina propone modificaciones y señala aspectos que a su juicio deberían ser rectificados en el proyecto de Ley sobre Responsabilidad del Estado que aprobó la Cámara de Diputados. Esa normativa debería regresar a las páginas del próximo Código Civil y Comercial evitando su desglosamiento en una ley especial. Es deseable, además, que el pueblo ratifique el nuevo Código según los mecanismos de democracia semi directa.

El artículo 1112 del Código Civil vigente establece que la responsabilidad civil de funcionarios y empleados del Estado se produce cuando su actividad ocasiona un daño a los administrados, a otros funcionarios e inclusive al propio Estado. La jurisprudencia y la doctrina sostienen que la responsabilidad del Estado es fruto del Estado de Derecho. En ese marco, la responsabilidad del agente público debe ser considerada como un reflejo de la responsabilidad del Estado porque los funcionarios son parte integrante del Estado.

Sin embargo, la sanción que dio la Cámara de Diputados se desvincula del nuevo Código Civil y Comercial, establece que las disposiciones del Código Civil no se pueden aplicar al Estado de "manera directa o subsidiaria" y también que las demandas deberán estar sujetas a los fueros específicos como el Contencioso Administrativo.

Señala que la sanción pecuniaria "disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y sus funcionarios" y exime de responsabilidad al Estado "por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial" y cuando "el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero".

Esta ley regiría para el Estado federal en tanto las provincias serían invitadas a adherir a la nueva norma o podrían legislar en sus jurisdicciones.  Se produciría, entonces, un flagrante caso de desigualdad ante la ley que enfrentaría al ciudadano con normas particulares según sea su residencia o el territorio en donde ocurrió el daño. Además, si las provincias no legislaran al respecto, se produciría una anarquía administrativa.

La nueva norma solo permitiría accionar contra el Estado cuando el daño sea únicamente mensurable en dinero. Así, por ejemplo, si un particular pierde una casa valuada en U$S 1.000.000 por una acción ilegítima del Estado y otro por la misma situación pierde un rancho, ambos podrían conseguir una  indemnización acorde a su patrimonio pero, ¿a quién habría afectado más el Estado, al rico o al pobre? En la nueva disposición tampoco se contempla el daño moral.  En idéntico sentido,  los casos de daño ocasionado por actividad legítima no incluye el lucro cesante.

La sanción de Diputados también quita al Estado su responsabilidad sobre los daños ocasionados por un concesionario o contratista y desincentiva el control que el propio Estado y sus funcionarios deben ejercer sobre los servicios que se tercerizan. Esos servicios concesionados son generalmente servicios públicos, los utilizan millones de personas todos los días, ¿en manos de quién quedará el control de su seguridad y calidad, si el que debe controlarla no es responsable por su carencia?

Finalmente, el plazo de tres años para iniciar demandas contra el Estado, y de dos años para la prescripción contra funcionarios son muy breves y podrían contribuir a la exculpación de los funcionarios y del propio Estado en detrimento de los derechos de los ciudadanos.

Proyecto de código civil y comercial - propuesta de convocatoria popular

La Masonería Argentina adhiere a la postergación del tratamiento legislativo del Proyecto de Código Civil y Comercial.  Se trata de un instrumento de altísima relevancia institucional del que dependerán la mayoría de los derechos y obligaciones de más de cuarenta millones de argentinos en el curso de las próximas décadas. La mayor parte de la vida de cada uno dependerá del Código unificado, es imprescindible que le prestemos la mayor atención.

 La Gran Logia de la Argentina entiende que previo a la sanción legislativa del nuevo Código debería convocarse a una consulta popular que contribuya a la decisión de los diputados y senadores. La campaña electoral que suscitaría la utilización de ese instrumento de democracia semi directa, previsto por la Constitución Nacional, contribuiría a la mejor ilustración de los ciudadanos a quienes se otorgaría el imprescindible protagonismo para que cada uno haga suya la nueva norma legal.

 Ese consenso, más allá de ganadores y perdedores, permitiría que los legisladores puedan actuar como representantes del pueblo y de los estados provinciales, las fuentes de la elección de los diputados y los senadores. Se les aliviaría también de innecesarias presiones externas de todo tipo y de la eventual colisión entre sus intereses y convicciones personales con  la voz popular mayoritaria.

 Los legisladores no pueden ni deben votar en uno u otro sentido según sus propias ideas religiosas o por su condición de agnósticos o ateos. El Código Civil y Comercial debe ser el resultado de una elaboración meditada, seria, que tenga en cuenta el presente y, sobre todo, los tiempos por venir. Los cambios y las modificaciones que se producen en nuestra sociedad y en el mundo responden a una diferente consideración del tiempo.

 Vivimos en medio de una revolución científica y tecnológica sin precedentes que ha modificado incluso el valor del tiempo. Pocos lustros atrás era inimaginable que nuestra sociedad instituyera la igualdad de géneros, el divorcio, el reconocimiento de la patria potestad compartida, el matrimonio igualitario, entre otras novedades. Durante la Organización Nacional otras normas lanzaron a nuestro país hacia el progreso con el dictado de las leyes de  matrimonio civil, Ley del cementerio público, ley de educación laica, gratuita y obligatoria. Unas y otras se unen bajo el hilo conductor del progreso, todas nacieron de intensos debates en el seno de la sociedad argentina.

 Sin prisa, pero sin pausa, debe avanzar la consideración y difusión del proyecto de Código Civil y Comercial bajo condiciones de absoluta ecuanimidad y libre expresión de las ideas. Cada argentino debe tener la oportunidad de manifestar su palabra y su voto para que la nueva norma exprese al conjunto, sin chicanas retardatarias ni acciones que eviten la sagrada voz del pueblo.

20 de Septiembre - Dia del librepensamiento

Celebramos hoy en todo el mundo el Día del Librepensamiento como recuerdo permanente a la fecha en que Giuseppe Garibaldi tomó Roma. Esa gesta permitió dar por finalizada la existencia de regímenes políticos sustentados en un “Derecho divino”. A partir de entonces fue suprimido el poder temporal del papado, sin afectar su misión espiritual.

 

El librepensamiento es un atributo esencial de los regímenes republicanos que permite el florecimiento de la democracia como sistema de vida de los pueblos y aleja todo tipo de privilegios, entre ellos los de carácter religioso.

 

La Masonería Argentina saluda especialmente en este día a ciudadanos e instituciones comprometidos con estos principios básicos de convivencia social, que privilegia el fuero íntimo de cada persona para sus devociones religiosas y una trama de solidaridad en todos los niveles del relacionamiento humano.