La Ley sobre responsabilidad del Estado

La Masonería Argentina propone modificaciones y señala aspectos que a su juicio deberían ser rectificados en el proyecto de Ley sobre Responsabilidad del Estado que aprobó la Cámara de Diputados. Esa normativa debería regresar a las páginas del próximo Código Civil y Comercial evitando su desglosamiento en una ley especial. Es deseable, además, que el pueblo ratifique el nuevo Código según los mecanismos de democracia semi directa.

El artículo 1112 del Código Civil vigente establece que la responsabilidad civil de funcionarios y empleados del Estado se produce cuando su actividad ocasiona un daño a los administrados, a otros funcionarios e inclusive al propio Estado. La jurisprudencia y la doctrina sostienen que la responsabilidad del Estado es fruto del Estado de Derecho. En ese marco, la responsabilidad del agente público debe ser considerada como un reflejo de la responsabilidad del Estado porque los funcionarios son parte integrante del Estado.

Sin embargo, la sanción que dio la Cámara de Diputados se desvincula del nuevo Código Civil y Comercial, establece que las disposiciones del Código Civil no se pueden aplicar al Estado de "manera directa o subsidiaria" y también que las demandas deberán estar sujetas a los fueros específicos como el Contencioso Administrativo.

Señala que la sanción pecuniaria "disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y sus funcionarios" y exime de responsabilidad al Estado "por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial" y cuando "el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero".

Esta ley regiría para el Estado federal en tanto las provincias serían invitadas a adherir a la nueva norma o podrían legislar en sus jurisdicciones.  Se produciría, entonces, un flagrante caso de desigualdad ante la ley que enfrentaría al ciudadano con normas particulares según sea su residencia o el territorio en donde ocurrió el daño. Además, si las provincias no legislaran al respecto, se produciría una anarquía administrativa.

La nueva norma solo permitiría accionar contra el Estado cuando el daño sea únicamente mensurable en dinero. Así, por ejemplo, si un particular pierde una casa valuada en U$S 1.000.000 por una acción ilegítima del Estado y otro por la misma situación pierde un rancho, ambos podrían conseguir una  indemnización acorde a su patrimonio pero, ¿a quién habría afectado más el Estado, al rico o al pobre? En la nueva disposición tampoco se contempla el daño moral.  En idéntico sentido,  los casos de daño ocasionado por actividad legítima no incluye el lucro cesante.

La sanción de Diputados también quita al Estado su responsabilidad sobre los daños ocasionados por un concesionario o contratista y desincentiva el control que el propio Estado y sus funcionarios deben ejercer sobre los servicios que se tercerizan. Esos servicios concesionados son generalmente servicios públicos, los utilizan millones de personas todos los días, ¿en manos de quién quedará el control de su seguridad y calidad, si el que debe controlarla no es responsable por su carencia?

Finalmente, el plazo de tres años para iniciar demandas contra el Estado, y de dos años para la prescripción contra funcionarios son muy breves y podrían contribuir a la exculpación de los funcionarios y del propio Estado en detrimento de los derechos de los ciudadanos.

Proyecto de código civil y comercial - propuesta de convocatoria popular

La Masonería Argentina adhiere a la postergación del tratamiento legislativo del Proyecto de Código Civil y Comercial.  Se trata de un instrumento de altísima relevancia institucional del que dependerán la mayoría de los derechos y obligaciones de más de cuarenta millones de argentinos en el curso de las próximas décadas. La mayor parte de la vida de cada uno dependerá del Código unificado, es imprescindible que le prestemos la mayor atención.

 La Gran Logia de la Argentina entiende que previo a la sanción legislativa del nuevo Código debería convocarse a una consulta popular que contribuya a la decisión de los diputados y senadores. La campaña electoral que suscitaría la utilización de ese instrumento de democracia semi directa, previsto por la Constitución Nacional, contribuiría a la mejor ilustración de los ciudadanos a quienes se otorgaría el imprescindible protagonismo para que cada uno haga suya la nueva norma legal.

 Ese consenso, más allá de ganadores y perdedores, permitiría que los legisladores puedan actuar como representantes del pueblo y de los estados provinciales, las fuentes de la elección de los diputados y los senadores. Se les aliviaría también de innecesarias presiones externas de todo tipo y de la eventual colisión entre sus intereses y convicciones personales con  la voz popular mayoritaria.

 Los legisladores no pueden ni deben votar en uno u otro sentido según sus propias ideas religiosas o por su condición de agnósticos o ateos. El Código Civil y Comercial debe ser el resultado de una elaboración meditada, seria, que tenga en cuenta el presente y, sobre todo, los tiempos por venir. Los cambios y las modificaciones que se producen en nuestra sociedad y en el mundo responden a una diferente consideración del tiempo.

 Vivimos en medio de una revolución científica y tecnológica sin precedentes que ha modificado incluso el valor del tiempo. Pocos lustros atrás era inimaginable que nuestra sociedad instituyera la igualdad de géneros, el divorcio, el reconocimiento de la patria potestad compartida, el matrimonio igualitario, entre otras novedades. Durante la Organización Nacional otras normas lanzaron a nuestro país hacia el progreso con el dictado de las leyes de  matrimonio civil, Ley del cementerio público, ley de educación laica, gratuita y obligatoria. Unas y otras se unen bajo el hilo conductor del progreso, todas nacieron de intensos debates en el seno de la sociedad argentina.

 Sin prisa, pero sin pausa, debe avanzar la consideración y difusión del proyecto de Código Civil y Comercial bajo condiciones de absoluta ecuanimidad y libre expresión de las ideas. Cada argentino debe tener la oportunidad de manifestar su palabra y su voto para que la nueva norma exprese al conjunto, sin chicanas retardatarias ni acciones que eviten la sagrada voz del pueblo.

20 de Septiembre - Dia del librepensamiento

Celebramos hoy en todo el mundo el Día del Librepensamiento como recuerdo permanente a la fecha en que Giuseppe Garibaldi tomó Roma. Esa gesta permitió dar por finalizada la existencia de regímenes políticos sustentados en un “Derecho divino”. A partir de entonces fue suprimido el poder temporal del papado, sin afectar su misión espiritual.

 

El librepensamiento es un atributo esencial de los regímenes republicanos que permite el florecimiento de la democracia como sistema de vida de los pueblos y aleja todo tipo de privilegios, entre ellos los de carácter religioso.

 

La Masonería Argentina saluda especialmente en este día a ciudadanos e instituciones comprometidos con estos principios básicos de convivencia social, que privilegia el fuero íntimo de cada persona para sus devociones religiosas y una trama de solidaridad en todos los niveles del relacionamiento humano.

La revolución Francesa

Dio por terminado el absolutismo y abrió  la nueva etapa de la soberanía popular. En una línea que integró a René Descartes con su proposición “Pienso, luego existo”, filósofos y enciclopedistas, la abolición del reinado que se basada en el derecho divino construyó el camino de un cambio profundo.

Así, se asentó la Ilustración que reconocía a la razón, la igualdad y la libertad como sus sustentos esenciales. Trece años antes, la Ilustración constituyó también el soporte filosófico de la Independencia de Estados Unidos.

Desde el punto de vista político la burguesía, que ya ostentaba poder económico, fue en busca del poder político. Se sumaron los sectores desposeídos, en tanto  la crisis económica por las malas cosechas y la deuda externa conformaron el marco eficiente del desenlace. La desigualdad social extrema y los altos impuestos que la nobleza y clero no tenían obligación de pagar, habían puesto a la sociedad francesa al borde del abismo. La clase profesional y los comerciantes irrumpieron con su fuerza renovada en el escenario del poder.

La Revolución Francesa fue un conflicto social y político que comenzó con la proclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. La convocatoria de 1789 a los Estados Generales, separados a la hora de deliberar y con un solo voto por estamento, planteó  la necesidad de que los diputados de los Estados Generales representaran la voluntad de la nación con la consecuente novedad de que la soberanía recayera en el pueblo. Hasta entonces, el Primer Estado representaba a la nobleza, el  Segundo Estado al clero y el Tercer Estado a la burguesía.

Los miembros del Tercer Estado se auto proclamaron Asamblea Nacional y plantearon el dictado de una Constitución escrita. La Asamblea votó entonces la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”. La monarquía clausuró las salas de deliberaciones, los asambleístas se trasladaron a un edificio donde la aristocracia jugaba el juego de la pelota  (Jeu de paume)y allí decidieron el “Juramento del Juego de la Pelota”, el 20 de junio de 1789, en el que prometieron solemnemente no separarse hasta el dictado de la nueva constitución. Algunos representantes del  clero bajo y  47 miembros de la nobleza se sumaron al juramento.

El 27 de junio, el Rey Luis XVI convocó tropas militares que se acantonaron en París y Versalles, pese a los numerosos mensajes de apoyo a la Asamblea. El 9 de julio, la Asamblea pasó a denominarse “Asamblea Nacional Constituyente”. Dos días después, el rey Luis XVI dispuso un cambio de gabinete, pero gran parte del pueblo de París entendió que se trataba de un auto-golpe de la realeza y ganó las calles con el apoyo de algunos militares.

El 14 de julio se produjo el asalto a la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico y enclave de los cañones reales apuntados hacia los barrios obreros. La lucha se extendió durante cuatro horas hasta la toma de la fortaleza; la Bastilla se convirtió en el símbolo del Antiguo Régimen.

La Revolución se extendió a todo el territorio francés. El 4 de agosto de 1789, la Asamblea Constituyente suprimió las servidumbres personales, lo que significó la abolición del feudalismo. También dio de baja a los diezmos y las justicias señoriales, instauró la igualdad ante los impuestos, las penas y el acceso a cargos públicos con la pérdida de los privilegios que detentaban los nobles y el clero.

El 27 de agosto de 1789 la Asamblea publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la que proclamó los principios masónicos de Libertad, Igualdad y Fraternidad.

Durante 1790 fueron sofocados diversos movimientos contra revolucionarios, en tanto florecían los clubes políticos. El 3 de septiembre de 1791 entró en vigencia la primera Constitución  de Francia que contemplaba la existencia de un Poder Judicial independiente de la Corona. El rey retuvo el Poder Ejecutivo con derecho  al veto de las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. Además, la Asamblea eliminó todas las barreras comerciales,  suprimió las antiguas corporaciones mercantiles y los gremios. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Asamblea Constituyente dio por finalizadas sus tareas el 29 de septiembre de 1791.

La Asamblea Legislativa se reunió por primera vez el 1 de octubre de 1791: 264 diputados: feuillants y girondinos, portavoces republicanos de la gran burguesía, se sentaron a la derecha de la presidencia. En el centro, 345 diputados independientes, y a la izquierda 136 diputados jacobinos representantes del pueblo llano parisino. En los primeros meses, el rey vetó una ley contra quienes huyeron de Francia en 1789 y otra que ordenaba al clero el juramento de lealtad al Estado. Por ese camino se llegó más tarde a la crisis constitucional.

En pasos sucesivos se eliminó la potestad eclesiástica de imponer impuestos sobre las cosechas, se eliminaron sus privilegios y se confiscaron sus bienes como el más grande terrateniente del país. Posteriormente, los integrantes del clero pasaron a desempeñarse como empleados del Estado, el calendario gregoriano fue sustituido por un calendario republicano cuyo primer día fue el 22 de septiembre de 1792.

El primer emblema nacional fue la bandera para ser enarbolada en la popa de los buques de guerra, según decreto de la Asamblea Nacional del 24 de octubre de 1790, modificada más tarde por la Convención republicana el 15 de febrero de 1794 a petición de los marineros que exigieron que se redujera el predominio del blanco que simbolizaba la monarquía.[] La bandera adoptó entonces su diseño definitivo, y se cambió el orden de los colores para colocar el azul cerca del mástil y el rojo al viento por consejo del pintor Louis David.

Muchos de quienes participaron de la Revolución Francesa en sus diferentes etapas fueron  masones: MontesquieuRousseau,D'AlambertVoltaireCondorcet, el conde de MirabeauSaint-JustCamille DesmoulinsDantonHébertJean Paul Marat,RobespierreFelipe de OrleansFouchéEmmanuel-Joseph SieyèsFrançois BabeufRouget de L'Isle (creador de La Marsellesa), Lafayette (creador de la escarapela tricolor), Napoleón. El lema masónico de Libertad Igualdad y Fraternidad fue el de la Revolución Francesa, los colores de la divisa fueron los de la Gran Logia de Francia y el icono masónico del gorro frigio, que  simbólicamente representa un tocado más elevado que el de una corona,[] subrayan que los francmasones del siglo XVIII fueron quienes desarrollaron la Revolución Francesa. Según el historiador Louis Blanc, muchos de los revolucionarios pertenecían a las Logias Des neufs soeurs, La Bouche-de-Fer y Les Amis Réunis, entre otras. El lema Libertad, Igualdad, Fraternidad fue adoptado oficialmente por la Segunda República Francesa después de la Revolución de 1848.

Día de la bandera

Celebramos hoy el Día de la Bandera  en conmemoración del fallecimiento de su creador, el hermano masón Manuel Belgrano, el 20 de junio de 1820.

La enseña patria fue izada por primera vez en las baterías Libertad e Independencia, a orillas del Río Paraná, en Rosario, provincia de Santa Fe, donde la juraron los soldados el 27 de febrero de 1812.  Ese mismo día, el Triunvirato ordenó a Belgrano que se hiciera cargo del Ejército del Norte, tras la derrota de Huaqui. Esa fuerza protagonizaría el éxodo jujeño y las decisivas victorias de Salta y Tucumán.

El 13 de febrero de 1812 Belgrano había propuesto que los soldados lucieran una escarapela celeste y blanca. Cinco días después, la Junta abolió la escarapela roja que identificaba de los realistas  y adoptó la blanca y celeste.

El 25 de mayo de 1812, Belgrano movilizó sus tropas hacia Humahuaca. En San Salvador de Jujuy, enarboló la bandera en los balcones del Ayuntamiento, en reemplazo del estandarte real. El 3 de marzo de 1812 el Triunvirato había dispuesto  que Belgrano disimulara la nueva bandera en atención a las dificultades que afrontaba la política exterior del gobierno. Belgrano no se enteró porque ya se dirigía hacia el norte, pero recibió una admonición.

El Congreso de Tucumán (1816), adoptó la bandera celeste, blanca y celeste como símbolo nacional. El mismo Congreso, ya reunido en Buenos Aires, incorporó la presencia del sol en el centro, con 32 rayos flamígeros de clara influencia masónica.

La primera vez que se izó la bandera en la Capital Federal  fue el 23 de agosto de 1812, donde actualmente se levanta el Obelisco.

En Rosario se levanta el Monumento Nacional a la Bandera, inaugurado el 20 de Junio de 1957, según diseño de los arquitectos Ángel Guido y Alejandro Bustillo con la colaboración de los escultores Alfredo Bigatti y José Fioravanti. Luego se incorporaron obras de Eduardo Barnes y accesorios de Pedro Cresta, además de las esculturas de Lola Mora recuperadas en el espejo de agua del Pasaje Juramento. El Monumento cuenta con una torre de 70 metros de altura que remata en un mirador, cripta en homenaje al General Manuel Belgrano, un Patio Cívico y el Propileo, en cuyo subsuelo se encuentra la Sala de Honor de las Banderas de América. Ocupa una superficie de 10.000 metros cuadrados con una Escalinata Cívica Monumental que une los cuerpos arquitectónicos.

En 1985, el Congreso de la Nación dictó una ley según la cual la Bandera Nacional debe tener el Sol de Mayo, dejando de lado cualquier diferencia entre su presencia y uso en los sectores públicos y privados.

Desde finales del siglo XVIII, cuando se instaló la primera logia en Buenos Aires, la Masonería Argentina siempre ha estado presente en los grandes acontecimientos y en la construcción del país y el concepto de ciudadanía. La Bandera como emblema de pertenencia, es homenajeada al término de cada reunión por lo que significa para cada argentino y porque representa a todas las banderas donde se esparce nuestro ideal sobre la faz de la tierra.