Inundaciones en el litoral

La Masonería Argentina expresa su especial preocupación por los damnificados de las inundaciones en el Litoral argentino.

Tal como ocurrió el año pasado con las inundaciones en La Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Gran Logia de la Argentina ha organizado un mecanismo preventivo de ayuda en atención a que el fenómeno derivaría aguas abajo y podría afectar también a otras poblaciones.

En ese sentido, las logias de todo el país y en especial de las zonas inundadas o presuntamente inundables ya están preparadas para colaborar  bajo la dirección de las autoridades nacionales de la Institución y la coordinación del Gran Hospitalario de la Masonería Argentina. Como en casos anteriores, la Masonería también está preparada para actuar en coordinación con organismos nacionales, provinciales, municipales y privados,

El deceso de Carmen Argibay

La Masonería Argentina expresa su consternación por el fallecimiento de la doctora Carmen Argibay, jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La doctora Argibay fue una tenaz defensora del laicismo como marco imprescindible de la neutralidad que debe asegurar el Estado, y de los derechos de la mujer en su lucha por la equiparación y la igualdad de oportunidades y realizaciones.

Fue también una jurista ampliamente reconocida en nuestro país y en los ámbitos internacionales especializados.  Como jueza se destacó por la ilustración de sus argumentos y la ecuanimidad de sus fallos.

La República pierde a una gran mujer.

La tragedia del incendio en Barracas

La Masonería Argentina expresa su profunda consternación por el fallecimiento de los servidores públicos que ofrendaron sus vidas en el incendio ocurrido ayer en el barrio porteño de Barracas.

 

La trama social se desarrolla y consolida en tanto miles y miles de mujeres y varones, ciudadanos anónimos, experimentan el deseo íntimo de realizar  acciones destinadas al prójimo. En el caso de los servidores públicos, esa inquietud se expresa como vocación que preside todos y cada uno de los momentos de sus vidas.

 

Esos bomberos,  policías federales y metropolitanos y agentes de la Defensa Civil expresan la solidaridad en un sentido íntimo y profundo, uno de los valores centrales del ideario masónico.

 

La masonería Argentina se pone a disposición de los familiares y amigos de las víctimas, los acompaña en su inmenso dolor.

Calma y reflexión

 La Tolerancia, una de las enseñanzas básicas de la masonería, reclama calma y reflexión.

 

Pasados algunos días desde los acontecimientos que vivió la ciudadanía en dieciocho provincias de nuestro país, la Masonería Argentina expresa su preocupación por los sucesos acaecidos y estupor ante la cantidad de víctimas fatales, personas físicamente y emocionalmente heridas, casas y comercios saqueados, bienes destruidos que, en todos los casos, alteraron la paz social,  licuaron la convivencia y pusieron en entredicho la autoridad del Estado como construcción de todos para todos. 

En más de una oportunidad hemos advertido la necesidad de tender una mesa de acuerdo y conciliación para que el gobierno y los partidos políticos individualicen los temas de Estado esenciales y acuerden las soluciones que puedan y sepan elaborar en conjunto. 

Es imprescindible que se recomponga el tejido social, se eviten fragmentaciones de todo tipo y acusaciones recíprocas que solo sirven para enrarecer el tenso clima social de este tiempo. 

Hay un millón de jóvenes argentinos que no trabajan ni estudian, la droga acecha, la inflación es como un piso de arenas movedizas sobre el cual no es posible una construcción que sobrepase la mera coyuntura. 

Los argentinos debemos construir nuestro futuro con estricto acatamiento al orden y funcionamiento de las instituciones. El inminente lapso veraniego puede ser utilizado para descomprimir las pasiones y para avanzar en ideas y soluciones. Los consensos son ahora más imprescindibles que nunca. 

La Masonería Argentina respalda la silenciosa tarea que desarrollaron sus logias del interior del país en la ayuda y socorro de tantos conciudadanos afectados por las amargas y dolorosas horas vividas. Se pone a disposición para aportar ideas y hombres a una mesa de entendimiento en la que, según su tradicional método de trabajo, primero identifica las coincidencias para tratar después cada disenso en particular. Este sistema rige desde el nacimiento de la masonería especulativa en 1717, se aplicó con éxito en diversas etapas de la historia argentina, en especial cuando hombres de diferentes ideas coincidieron en la Organización Nacional. En el siglo XX se aplicó, por ejemplo, a la organización de La Hora del Pueblo que abrió un camino de institucionalización en 1970. 

Si se extiende el horizonte, las fuerzas políticas, económicas y sociales encontrarán un cauce diferente, la sociedad argentina se podrá organizar de una manera más virtuosa, ajena a las tensiones, a la violencia y a los enfrentamientos entre hermanos argentinos.

La Ley sobre responsabilidad del Estado

La Masonería Argentina propone modificaciones y señala aspectos que a su juicio deberían ser rectificados en el proyecto de Ley sobre Responsabilidad del Estado que aprobó la Cámara de Diputados. Esa normativa debería regresar a las páginas del próximo Código Civil y Comercial evitando su desglosamiento en una ley especial. Es deseable, además, que el pueblo ratifique el nuevo Código según los mecanismos de democracia semi directa.

El artículo 1112 del Código Civil vigente establece que la responsabilidad civil de funcionarios y empleados del Estado se produce cuando su actividad ocasiona un daño a los administrados, a otros funcionarios e inclusive al propio Estado. La jurisprudencia y la doctrina sostienen que la responsabilidad del Estado es fruto del Estado de Derecho. En ese marco, la responsabilidad del agente público debe ser considerada como un reflejo de la responsabilidad del Estado porque los funcionarios son parte integrante del Estado.

Sin embargo, la sanción que dio la Cámara de Diputados se desvincula del nuevo Código Civil y Comercial, establece que las disposiciones del Código Civil no se pueden aplicar al Estado de "manera directa o subsidiaria" y también que las demandas deberán estar sujetas a los fueros específicos como el Contencioso Administrativo.

Señala que la sanción pecuniaria "disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y sus funcionarios" y exime de responsabilidad al Estado "por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial" y cuando "el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero".

Esta ley regiría para el Estado federal en tanto las provincias serían invitadas a adherir a la nueva norma o podrían legislar en sus jurisdicciones.  Se produciría, entonces, un flagrante caso de desigualdad ante la ley que enfrentaría al ciudadano con normas particulares según sea su residencia o el territorio en donde ocurrió el daño. Además, si las provincias no legislaran al respecto, se produciría una anarquía administrativa.

La nueva norma solo permitiría accionar contra el Estado cuando el daño sea únicamente mensurable en dinero. Así, por ejemplo, si un particular pierde una casa valuada en U$S 1.000.000 por una acción ilegítima del Estado y otro por la misma situación pierde un rancho, ambos podrían conseguir una  indemnización acorde a su patrimonio pero, ¿a quién habría afectado más el Estado, al rico o al pobre? En la nueva disposición tampoco se contempla el daño moral.  En idéntico sentido,  los casos de daño ocasionado por actividad legítima no incluye el lucro cesante.

La sanción de Diputados también quita al Estado su responsabilidad sobre los daños ocasionados por un concesionario o contratista y desincentiva el control que el propio Estado y sus funcionarios deben ejercer sobre los servicios que se tercerizan. Esos servicios concesionados son generalmente servicios públicos, los utilizan millones de personas todos los días, ¿en manos de quién quedará el control de su seguridad y calidad, si el que debe controlarla no es responsable por su carencia?

Finalmente, el plazo de tres años para iniciar demandas contra el Estado, y de dos años para la prescripción contra funcionarios son muy breves y podrían contribuir a la exculpación de los funcionarios y del propio Estado en detrimento de los derechos de los ciudadanos.